El fisco se lanza por otro pez gordo… ¡Cristiano Ronaldo!

El fisco se lanza por otro pez gordo… ¡Cristiano Ronaldo!

Los Técnicos del ministerio de Hacienda (GESTHA) apoyaron la denuncia de la Agencia Tributaria (AEAT) a la Fiscalía por presuntos delitos del jugador portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) de 2011 y delitos fiscales agravados de 2012 y 2013.

El caso de Cristiano Ronaldo abre un debate sobre el delito fiscal y la infracción administrativa, que la Fiscalía tendrá que cerrar y dejar en manos de un juez si observa que hay indicios suficientes para la imputación del dolo, como ha entendido la Agencia Tributaria al trasladarle el expediente a ésta.

Según expertos en derecho deportivo consultados por EFE, el hecho de que Hacienda haya trasladado a la Fiscalía el caso “es porque considera que existen indicios de delito y para determinarlo solicita la actuación judicial”, a pesar de que el jugador portugués del Real Madrid haya informado de su patrimonio o regularizado parte de la cantidad supuestamente defraudada.

“En este caso, Hacienda puede haberlo hecho al interpretar que la ingeniería societaria diseñada estaría destinada a evitar el paso de los impuestos que corresponden, sobre todo por el hecho de estar algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas”, comentó el abogado Francisco Fernández, director del departamento de Derecho Deportivo de Crowe Horwath.

De prosperar este criterio, el delantero solo afrontaría una infracción administrativa, que le obligaría a pagar por los importes y tipos impositivos adecuados, siempre que “no haya habido ocultación o más concretamente ausencia de premeditada ocultación y que solo se trata de un error en la aplicación de los tipos”.

“En el caso que nos ocupa, la cantidad no pagada sería de 15 millones de euros. El jugador debería, pues, ingresar las correspondientes sanciones, intereses y demás costes que se le atribuyen a cualquier administrado en su declaración de renta (IRPF), o el impuesto de sociedades (IS), si se trata de persona jurídica que explota sus derechos de imagen“, añadió Francisco Pérez.

No obstante será la Fiscalía la que se pronunciará sobre si hay indicios suficientes para la imputación del delito y un juez de instrucción el que dicte si hay que juzgarle por la potencial comisión delito fiscal.

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